Procurador espera decisión Sala Penal de la Suprema Corte no afecte investigación caso Odebrecht

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SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo este domingo que no obstante respetar la decisión de los honorables jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que varió las medidas de coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, espera que esta no afecte la continuación de la investigación local, debido a maniobras que podrían realizar algunos de los involucrados, con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del debido proceso.

A través de una nota de prensa, Rodríguez destacó que el propio tribunal de alzada valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público son contundentes, por lo cual también negó la solicitud de otorgar libertad pura y simple a los implicados, destacando que muy por el contrario, a todos ellos, sin excepción, les fue mantenida algún tipo de medida de coerción, incluyendo la ratificación de la prisión preventiva a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa, lo cual es un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo realizado hasta el momento.

El procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó todas los objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año.

Calificó de extemporáneas motivaciones de jueza Miriam Germán Brito

Rodríguez calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el momento son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción, como al efecto las dictó correctamente el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien mediante su resolución judicial del pasado 7 de junio, aplicó estrictamente el mandato de la norma en cuanto a la naturaleza la medida de coerción