Parlamento catalán y la Junta de Portavoces se reúnen hoy para acordar fecha para proclamar la independencia

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La Mesa del Parlamento catalán y la Junta de Portavoces se reúnen la mañana de este miércoles para acordar la fecha y el orden del día del próximo pleno, en el que se aprobará la declaración unilateral de independencia.

Mientras Carles Puigdemont y el PDeCAT pactan con ERC y la CUP los términos de dicha declaración, el Gobierno español ultima las medidas que quiere consensuar con el resto de partidos que apoyan la Constitución para hacer frente a la crisis abierta en Cataluña.

Al término de la jornada de huelga en Cataluña, Felipe VI se dirigió anoche a los españoles para acusar a la Generalitat de situarse al margen de la democracia y de “quebrar la unidad de España”.

“Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”, dijo. Poco después, Puigdemont, confirmó en la BBC que declarará la independencia “a finales de esta semana o comienzos de la próxima”

Los independentistas llevaban meses trabajando para que la jornada de ayer fuese un éxito. La principal entidad civil secesionista, la Asamblea Nacional Catalana, teorizó ya en marzo en documentos internos la posibilidad de convocar una huelga general con el ánimo de paralizar Cataluña, llamar la atención internacional y prepararse para lo que denominan “movilización permanente” previa a la declaración de independencia. Si bien el paro no fue total, sí consiguieron que los transportes públicos, la Administración, buena parte del comercio y los colegios no abrieran sus puertas

Barcelona ofrecía a primera hora de la mañana la imagen de cualquier día festivo, solo alterada por las columnas de manifestantes que se dirigían al centro de la ciudad entre gritos como “las calles serán siempre nuestras”.

No fue una movilización espontánea ni improvisada. Además de las entidades secesionistas, la Generalitat se empleó a fondo para que la jornada fuera un éxito. En algunos casos, se animó a los funcionarios a participar en la movilización y a todos se les comunicó que la jornada de huelga no se les descontaría del sueldo. Hacienda anunció después que restará de la nómina el día de huelga a los empleados públicos que la hayan secundado.

Esa conexión también fue total en el Departamento de Trabajo, responsable de fijar los servicios mínimos de un paro que inicialmente solo apoyaban los sindicatos minoritarios. El Metro estuvo parado buena parte de la jornada y en las horas punta el servicio apenas llegaba al 25%, mientras que Cercanías trabajó al 33% de una jornada normal. Muchas escuelas enviaron los niños a casa y el cartel de “cerrado” presidía buena parte de los edificios oficiales. La Generalitat quiso demostrar que puede paralizar Cataluña si se lo plantea.

Las manifestaciones celebradas a mediodía y a última hora de la tarde reunieron a miles de personas en Barcelona. La Guardia Urbana cifró la asistencia a las marchas durante la jornada en 700.000 personas. Grupos estudiantiles próximos a la CUP convocaron acampadas en el centro de la ciudad a través de las redes sociales. El objetivo siempre es el mismo: aumentar la presión sobre los políticos independentistas para que no demoren más la secesión.

La jornada mostró una notoria ausencia de políticos en Cataluña. El Gobierno de Carles Puigdemont, comenzando por el president, estuvo desaparecido del primer plano.