Espaillat. La crianza de cerdos, sustento de decenas de familias en el distrito municipal Las Lagunas de Moca, se ha convertido en un calvario para los pequeños y medianos productores.
Y es que de acuerdo a las denuncias, están siendo víctimas de lo que llaman “una persecución injusta” por parte de inspectores de la Dirección General de Ganadería (Digega).
Con gritos de protesta, los porcicultores narraron cómo, de manera recurrente, se les confiscan animales y se les imponen multas que oscilan entre los 80 mil y 100 mil pesos las cuales supuestamente se pagan en cuentas de banco a nombre de particulares.
Alegan que, en muchos casos, estas sanciones no tienen justificación legal y que, tras la incautación, los cerdos terminan siendo sacrificados y revendidos en carnicerías de la zona.
“Nos están arruinando. Si uno lleva un par de marranitos para cumplir con un cliente, ellos aparecen, se los quitan, para la guagua y nos ponen una multa exagerada, así no se puede trabajar, nos están llevando a la quiebra”, denunció el productor porcino Pedro Antonio.
Los porcicultores también sostienen que el dinero de las multas no siempre va a cuentas oficiales de Ganadería.
“Cuando uno paga, muchas veces dan un número de cuenta particular, no institucional, eso es ilegal, eso nunca se había visto aquí”, manifestó Félix Antonio Guadalupe, otro de los afectados.
Los productores sostienen que han reunido evidencias que probarían que las incautaciones no responden a protocolos sanitarios ni de control, sino a un esquema de extorsión.
Los afectados por la medida hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que intervenga ante lo que consideran “una estafa institucionalizada”. “Si el Gobierno no toma cartas en el asunto, aquí habrá problemas, no queremos conflictos, pero nos están empujando. Nosotros solo pedimos respeto y que nos dejen trabajar tranquilos”, afirmaron durante la protesta.