El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, afirmó que el mayor reto del sistema penitenciario no está en los adultos privados de libertad, sino en los niños y adolescentes.
Señaló que estos jóvenes aún están formando su identidad y muchas veces llegan tarde al Estado, cuando ya se requiere una “prevención terciaria”.
“Cuando llega la prevención terciaria a un adolescente, al Estado y a la sociedad se les presenta un reto de extrema delicadeza”, sostuvo en el panel de expertos del LISTÍN DIARIO, encabezado por su director, Miguel Franjul.
“Pues, se trata de una respuesta, probablemente tardía, ante la ausencia de una prevención primaria en la que la escuela, la familia, la comunidad, las iglesias, el Estado y sus políticas sociales debieron hacer su trabajo”, añadió.
Santana explicó que la cárcel debe ser el último recurso para menores en conflicto con la ley, citando a una académica británica, la cual sostiene que lo más probable es que un adolescente encarcelado termine siendo un delincuente adulto.
“Señalando con eso que el último lugar a donde debe ser remitido un adolescente o un menor es a la cárcel”, dijo.
Aunque reconoció que en casos excepcionales, como los sicariatos, no hay alternativa, insistió en que el encierro puede agravar sus problemas emocionales y conductuales.
“El encarcelamiento es la medida desagradable, excepcional que ningún Estado debería encontrarse en esa situación de tener que tomarla”, afirmó.
“Si eso crea un disturbio conductual y emocional en un adulto, ¿qué ocurre con esto cuando es a un adolescente o a un menor que le corresponde?”, reflexionó Santana.
El funcionario destacó que, pese a la complejidad del tema, el Estado ha priorizado medidas alternativas al encarcelamiento.
Mencionó programas comunitarios, familiares e intermedios que procuran evitar que los jóvenes reincidan, así como la propuesta de unificar en una sola institución las políticas destinadas a menores infractores.
Actualmente existen en el país seis centros para adolescentes en conflicto con la ley.