El Gobierno de República Dominicana respondió al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que esa entidad expresó su preocupación por las políticas migratorias empleadas en el país.
Ante esto, el Gobierno dominicano emitió una respuesta, afirmando que la República Dominicana tiene “el derecho y la obligación” de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio.
En su respuesta, las autoridades dominicanas afirmaron que están comprometidos con proteger los derechos humanos, pero están en el deber de cumplir y aplicar su reglamento interno.
Asimismo, afirmaron que la crisis que atraviesa Haití ha generado una “presión migratoria”, con la que República Dominicana ha tenido que cargar desproporcionadamente durante décadas.
Igualmente afirmó que las medidas migratorias aplicadas en el país se deben a la necesidad de gestionar el referido flujo migratorio, para evitar efectos negativo que esta situación en territorio dominicano.
“Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, leía parte del comunicado.
“En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio”, continuaba el referido documento.
A CONTINUACIÓN, LA RESPUESTA ÍNTEGRA:
“RESPUESTA DEL GOBIERNO DOMINICANO AL COMUNICADO DE LA CIDH DEL 6 DE FEBRERO DE 2026
República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, fija su posición de manera clara y responsable, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno.
El fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse en su dimensión regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras.
En ejercicio de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.
Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo.
