Redadas, deportaciones, muro fronterizo, protocolos en hospitales públicos, críticas internacionales. Todo esto ha colocado a República Dominicana bajo un escrutinio constante, dentro y fuera del país, por la política de mano dura liderada por el presidente Luis Abinader contra la migración haitiana irregular.
En medio de ese escenario, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomas Morel Diplán, llamó a un equilibrio entre el respeto a la ley, el orden interno y la dignidad humana.
El prelado católico recordó que incluso desde la comunidad internacional se ha reconocido el límite de las capacidades del país.
“A nivel del Estado, la embajadora de Estados Unidos en el país fue muy clara diciendo que República Dominicana no puede hacerse cargo con la realidad del pueblo haitiano”, recordó.
Desde la Iglesia, explicó, se ha mantenido un acompañamiento pastoral hacia los haitianos que ya residen en el país.
“Nosotros aquí como iglesia hemos mantenido desde hace muchos años una pastoral haitiana con la que acompañamos a los haitianos que ya están aquí, que hay que acogerlos, porque tampoco podemos estar persiguiendo a nadie”, manifestó.
Esa labor, dijo, se hace desde la caridad y el respeto: “Tenemos una función como iglesia, una misión de la práctica de la caridad con respeto, con cariño”.
Sin embargo, Morel Diplán fue claro en marcar un límite con respecto a aquellas personas indocumentadas en territorio nacional.
“Las leyes migratorias tenemos que respetarlas”, sostuvo.
Para ilustrarlo, relató su experiencia personal fuera del país: “Yo viví en Italia y yo tenía que estar con un permiso constantemente. Muy estricto. Tenía que pedir permiso todos los años para quedarme en Italia, porque si no me sacaban. Yo tenía que respetar esas leyes”.
El arzobispo consideró que el problema no está en la aplicación de la ley, sino en la forma en que a veces se ejecuta.
“Ahora, lo que yo entiendo es que (hay que manejar) los protocolos para la deportación de los haitianos”, afirmó. Y señaló que en algunos momentos se han producido excesos durante operativos migratorios.
El arzobispo coadjutor de Santo Domingo insistió en que cualquier proceso debe preservar la dignidad humana: “Hay un procedimiento, hay un protocolo que se debe cumplir para deportar a esa persona sin tener que maltratar ni dañar su dignidad”.
Esa misma preocupación la extendió al trato en los hospitales públicos: “El mismo tema de las parturientas que viven aquí (…) y que por el color o por la lengua no se les permite algunas veces el trato”.
Se refirió al protocolo anunciado por el gobierno en abril de 2025 en los centros de salud, donde las autoridades exigen a las parturientas haitianas mostrar una identificación, una carta de trabajo en el país y una prueba.
Aunque reconoció rigidez al inicio del protocolo, dijo que ha habido ajustes: “Gracias a Dios hay cierta flexibilidad en el tema, pero el protocolo que se hizo público en principio fue un poquito rígido”.
También admitió que existían prácticas ilegales que debían ser controladas.
“Naturalmente, yo entiendo porque también había una mafia de personas trasladando haitianas embarazadas para que vengan a parir al país”, dijo. “Nosotros como país tenemos que mantener el orden, el equilibrio”.
Para Morel Diplán, el Estado dominicano tiene la obligación de preservar el orden y la seguridad ante la situación de inestabilidad que vive el vecino Haití, donde las pandillas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe.
“También tenemos que mantener la seguridad del pueblo dominicano. Eso hay que garantizarlo”, indicó.
No obstante, dijo: “Nosotros podemos cooperar, ayudar con el pueblo haitiano en la medida de lo posible (…) Pero nosotros tenemos que seguir respetando las leyes migratorias y también respetar la dignidad de los que estén aquí, que es lo más importante”.
