Mireddys González Castellanos y el productor artístico Raphy Pina Nieves solicitaron al Tribunal Federal en San Juan que desestime una demanda radicada por Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como el cantante urbano Daddy Yankee.
Las peticiones fueron radicadas ayer, lunes, cuando otros codemandados también presentaron argumentos para que el reclamo legal sobre una alegada “empresa criminal” sea descartada.
En noviembre pasado, la demanda federal solicitó una indemnización de $3 millones bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO, por sus siglas en inglés), señalando a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025.
Daddy Yankee alegó que, con la ayuda de terceros, como González Castellanos, Pina Nieves se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías, y para tener derechos de autor y/o de publicación.
Al pedir la desestimación ayer, González Castellanos – exesposa de Daddy Yankee – planteó que la demanda realmente “no es un caso” bajo la ley RICO, sino que se trata del “capítulo más reciente de la enconada y continua batalla sobre la división de la sociedad conyugal” entre ambos.
Sostuvo que la demanda “es un intento de replantear las asignaciones de propiedad controvertidas y las divisiones editoriales” como si fuera una “actividad de crimen organizado” con el fin de “generar influencia en la división de los bienes conyugales”.
Agregó que la demanda busca “caracterizar las asignaciones de publicaciones documentadas durante mucho tiempo” y “confirmadas en hojas de términos vinculantes, incorporadas en una venta por catálogo multimillonaria”, para tratar de hacerlo ver “como una empresa criminal que duró décadas”.
Asimismo, la moción de González Castellanos sostuvo que la demanda falla en cada requisito de un reclamo bajo la ley RICO. Indicó que no existe una transferencia inválida y que la demanda no identifica “una empresa estructuralmente distinta ni un patrón reconocible de actividad de crimen organizado”.
También apunta a que la demanda falla porque las alegaciones ya habrían prescrito bajo la ley RICO y la ley federal de Derechos de Autor. González Castellanos, además, alegó que la denuncia no reclama “daños claros y definidos a la empresa o a la propiedad”.
“La ley RICO fue promulgada para combatir el crimen organizado, no para utilizar el litigio federal como arma en ayuda de una disputa sobre propiedad matrimonial”, expuso la moción de Castellano González.
Por su parte, Pina Nieves argumentó que la demanda es “frívola” y que presenta reclamos caducados.
